El calendario electoral uruguayo no prevé las llamadas elecciones de medio término o mandato, pero el resultado del referéndum realizado el 27.03 ppdo sobre la derogación parcial de 135 de los 476 artículos de una ¨ley ómnibus¨ aprobada en 2020 por el oficialismo como clave su programa de gobierno y cuestionada desde la oposición política y vastos sectores de la sociedad por su escasa calidad democrática y marcado contenido regresivo, abre un nuevo escenario cuando promedia el actual período de gobierno.
En efecto, la llamada Ley de Urgente Consideración (por la excepcionalidad de su trámite parlamentario según lo establece la Constitución de la República) aprobada contiene un conjunto amplio de artículos que abarcan temáticas muy diferentes. Por citar algunos casos:
En materia de seguridad, la ley endurece las penas en los casos de delitos de violación, abuso sexual y drogas, a la vez que crea nuevos delitos como la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial, y modifica la regulación de la legítima defensa: amplía las situaciones en que una persona puede quedar exenta de responsabilidad, por ejemplo, en casos de defensa de cualquier derecho patrimonial, aun cuando no haya existido violencia hacia quien arguye la legítima defensa.
También habilita a la policía a realizar revisiones en situaciones variadas y permite portar armas a personal militar y policial retirado, al tiempo que lo autoriza a actuar en caso de delitos flagrantes y establece el trabajo obligatorio de los reclusos.
En el campo educativo, la LUC modifica buena parte de la Ley de Educación aprobada durante el primer gobierno del Frente Amplio: centraliza decisiones, jerarquiza al Ministerio de Educación reduciendo la tradicional autonomía del sistema de educación público uruguayo y suprimiendo la participación docente con voto en varios niveles de decisión del sistema educativo.
En materia económica, introduce una «regla fiscal» que condiciona el aumento del gasto público al resultado fiscal ajustado por el ciclo económico, y en nombre de la libertad financiera elimina la obligatoriedad de pago de salarios por medios electrónicos, al tiempo que aumenta los montos de las transacciones que obligatoriamente deben ser realizadas a través del sistema bancario.
En cuanto a las relaciones laborales, la norma establece expresamente que, en el marco de una huelga, el Estado debe garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos y el de los propietarios a ingresar en las instalaciones de la empresa. En vivienda, crea un nuevo régimen de arrendamiento sin garantías, pero con fuertes sanciones para los inquilinos incumplidores y un mecanismo de desalojo que reduce sensiblemente los plazos respecto a los otros tipos de contratos vigentes.
También contiene cambios a la tramitación de adopciones (que incluyen el relajamiento de algunos controles) y la reducción de los requisitos para que personas que han accedido al usufructo de tierras mediante apoyo público puedan mantener su explotación o venderlas en el mercado. Como puede verse, un enorme abanico de temáticas y aspectos regulatorios que en buena medida suprimen total o parcialmente más de 60 leyes aprobadas durante los 15 años de gobierno frenteamplista (2005’2020)
El objetivo de derogar 135 de los casi 476 artículos de la referida ley no se alcanzó, pero el exiguo margen por el cual se definió la consulta ciudadana (1,3% del total de votos emitidos) da cuenta de un mapa político y electoral dividido en mitades. Ello, lejos de ser una novedad, es resultado de un proceso de varias décadas y durante el cual, ante el crecimiento sostenido del Frente Amplio, los llamados partidos tradicionales dejan de lado identidades históricas y diferencias entre ellos y se coaligan para defender intereses comunes.
La novedad, en todo caso, es el creciente peso de expresiones ultra conservadoras en una coalición de gobierno que, aunque se presenta como ¨multicolor¨ no disimula su condición política.
Otra novedad es que pese a las notorias ventajas en materia de recursos financieros y publicitarios con las que compitió durante la campaña previa al referéndum, la adhesión al mantenimiento integral de la ley apenas sobrepasó el 50% del electorado. Señal preocupante para un gobierno que jugó a fondo desplegando todos recursos a su alcance (y algunos más …) y para un Presidente de la República que menoscabando su condición de tal se puso al frente de la misma de manera casi exclusiva y excluyente respecto a otros referentes de la coalición de gobierno. Tal vez no es noticia, pero es un dato de la realidad que la iniciativa de promover el referéndum, recolectar y presentar el porcentaje de voluntades ciudadanos para convocarlo y realizar la campaña hacia el mismo, no solo revitalizó al Frente Amplio tras el golpe que supuso la derrota electoral de 2019, sino que también tonificó su sintonía con otras expresiones de la sociedad civil tales como la central única de trabajadores, organizaciones estudiantiles y juveniles, el movimiento cooperativo y otros referentes en causas tales como derechos humanos, feminismo, diversidad, medioambiente, etc.
Un mundo cuyo orden neoliberal post guerra fría parece colapsar ante los efectos del cambio climático, las consecuencias de la pandemia Covid y las repercusiones del conflicto Rusia/Ucrania; una región en la que, con las peculiaridades de cada caso, al tiempo que está cuestionada la capacidad de los sectores dominantes y la derecha electoral y no electoral para instrumentar el orden que promueven y prometieron, también quedan en evidencia la potencialidad pero también las limitaciones, dificultades y desafíos de los proyectos y las fuerzas progresistas.
El XXVI Encuentro del FSP, previsto para junio próximo en Cochabamba (Bolivia), debiera ser, más que un conversatorio para comentar esta realidad, una instancia para analizarla en profundidad e identificar claves para su transformación.
Mucho hay para hacer y a ello estamos obstinadamente abocados los frenteamplistas. Sin ilusiones vanas y sin creernos únicos dueños de un futuro perfecto, pero con confianza en nosotros mismos y coadyuvando a la construcción de un futuro mejor para la sociedad en su conjunto y en especial para sus sectores más vulnerables e históricamente más desprotegidos.
Porque riqueza y éxito no es lo mismo que prosperidad; porque la prosperidad de las naciones no es el promedio de una carrera entre unos pocos que se adelantan y muchos que quedan rezagados, sino una marcha en la que todos avanzan y nadie queda atrás; y porque el futuro no se proclama como profecía ni se espera con resignación, se construye día a día y entre todos.